La senadora Ashley Moody respaldó este martes la decisión del presidente Donald Trump de enviar buques de guerra estadounidenses hacia las costas de Venezuela con el objetivo de cortar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en Miami junto a la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, y la nominada de Trump para dirigir la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas, Sara Carter, Moody calificó la medida como “una acción audaz” en la lucha contra el narcotráfico y el fentanilo.

“Esta semana, hemos visto al presidente Trump tomar una vez más medidas firmes al desplegar buques de guerra cerca de Venezuela para cortar de raíz el tráfico de drogas mortales. Sumado a la aprobación de la HALT Fentanyl Act, queda claro que los días de mirar hacia otro lado se acabaron”, dijo Moody.

La HALT Fentanyl Act, aprobada recientemente en el Congreso, endurece las penas para delitos relacionados con sustancias derivadas del fentanilo. Bajo la nueva ley, los cargos se disparan a partir de los mismos umbrales de cantidad que los análogos de fentanilo: por ejemplo, 100 gramos o más conllevan un mínimo obligatorio de 10 años de prisión.

La sheriff de Miami-Dade destacó la importancia de la legislación en el plano local. “Gracias al liderazgo de la senadora Moody y a la aprobación de la HALT Fentanyl Act, ahora contamos con otra herramienta crucial para responsabilizar a los traficantes y salvar vidas”, afirmó Cordero-Stutz.

Moody recordó que durante su gestión como fiscal general de Florida impulsó iniciativas para clasificar al fentanilo como “arma de destrucción masiva” y declarar a los carteles mexicanos que lo introducen en el país como “organizaciones terroristas”. También creó programas como Dose of Reality Florida y Helping Heroes, que facilitan el acceso gratuito al antídoto naloxona a policías y primeros respondedores.

El anuncio se produce a pocos días de la conmemoración del Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo, este 21 de agosto, fecha destinada a honrar a las víctimas de sobredosis y alertar sobre los peligros de esta droga.

La administración del presidente Donald Trump impuso el miércoles sanciones a dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), involucrados en la emisión el año pasado de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar en Gaza.

Estados Unidos designó a Nicolas Yann Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, Mame Mandiaye Niang, de Senegal; y Kimberly Prost, de Canadá, según el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.

"Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones", explicó en un comunicado, Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense.

El Secretario de Estado dijo que "Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la Corte Penal Internacional”.

Además consideró que el tribunal representa una amenaza para la seguridad nacional.

“Insto a los países que aún apoyan a la CPI, muchos de cuya libertad fue comprada al precio de grandes sacrificios estadounidenses, a que resistan las pretensiones de esta institución en quiebra”, expresó.

La Administración Trump sancionó en febrero al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan y en junio impuso sanciones contra cuatro juezas del tribunal.

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La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió la medida estadounidense, calificándola de paso "decisivo" contra la "falsa campaña de desprestigio" impulsada en contra de Israel y su Ejército, así como "en favor de la verdad y la justicia".

Por su parte, el Tribunal condenó "enérgicamente" las sanciones diciendo en un comunicado que las mismas “constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 estados” y afirmó que “respalda firmemente" a su personal.

Mientras tanto, Naciones Unidas opinó que las sanciones impuestas "socavan los cimientos de la justicia internacional", según declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

"Esta decisión supone un grave impedimento al funcionamiento de la oficina del fiscal (de la CPI) con respecto a todos los casos que se encuentran ahora ante la Corte", dijo el portavoz de la secretaría general.